Son 14 párrafos escritos a mano. Más una post data. Cuatro cuartillas en total. Fechadas el 13 de septiembre y garabateadas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. El redactor es Genaro García Luna, quien entrega las hojas a su defensa, que las escanea con prisa y las reparte a periodistas que han cubierto en Estados Unidos el juicio del exsecretario de Seguridad Pública federal. Faltan 21 días para que el juez Brian Cogan dicte sentencia y el “arquitecto” de la “guerra contra el narco” tiene algo que decir.

Lo evidente está escrito con su puño: García Luna asegura que, a partir de su arresto en diciembre de 2019 en Texas, los agentes de la DEA ofrecieron que su tiempo de encierro sería breve, apenas 6 meses, si se convertía en testigo protegido y él se negó; que nadie ha podido probar que haya tenido ingresos ilegales en su patrimonio; que los fiscales lo han juzgado con información falsa provista por el gobierno mexicano; que no existe una sola evidencia en su contra para vincularlo al crimen organizado; que el presidente López Obrador es el que sí tiene nexos sucios el Cártel de Sinaloa.

Que en los 58 meses privado de la libertad ha presenciado homicidios y apuñalamientos y que pasado casi un año en una celda de castigo sin saber las razones; que, según él, su honor está intacto. “Yo no he cometido algún delito”, asegura.

Pero acaso lo más importante de la carta es lo que no está escrito. Lo que se lee entre líneas. Lo que García Luna no quiere que sepas, pero el inconsciente lo traiciona.

Lo primero es lo que los biógrafos del exservidor público de hoy 56 años han señalado con insistencia: García Luna es un hombre intelectualmente limitado, que llegó a la cúspide del poder no por su astucia, sino por su capacidad para moverse por el fango y entablar sucias relaciones a cambio de que sus jefes mantuvieran las manos limpias.

La carta está repleta de faltas de ortografía, tildes que faltan o colocadas donde no van, comas mal puestas y una redacción que haría llorar a una maestra de secundaria. El dato no es menor, si se atiende que García Luna tuvo por seis años el grado de Secretario de Estado y es incapaz de poner mayúsculas correctamente, acentuar la palabra narcotráfico o escribir moción con c, no con s. Sus limitaciones confirman la gris personalidad y el vertiginoso ascenso de detective segundón contra robo en carreteras a superpolicía.

Lo segundo es lo que los especialistas en derecho anglosajón han adelantado: García Luna sabe, desde ahora, que será declarado culpable este 9 de octubre y que su castigo será una muy probable cadena perpetua, incluso en una cárcel más dura que el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Por eso, en la última hoja, la exmano derecha del expresidente Felipe Calderón asegura que cualquier sentencia emitida por un juez debe ser revisada por un tribunal colegiado a través del recurso jurídico de apelación. No explica porqué hace esa acotación, pero va implicito el reconocimiento de la derrota: cuando el mazo judicial caiga, su última oportunidad para volver a ser un hombre libre será la apelación, un recurso que estirarán sus abogados, pero que es improbable de ganar.

Lo tercero es la desesperación. La fragilidad de sus argumentos. García Luna sostiene que los testigos en su contra son narcotraficantes con “antecedentes criminales reconocidos” y, por ello, deberían ser descartados. No tienen probidad ni credibilidad, sugiere. Luego, se apoya en supuestas declaraciones de un criminal como Ismael “El Mayo” Zambada para acusar al actual gobierno de México de estar coludido con el crimen organizado. Es decir, cuando un capo habla mal de él, es inverosímil; pero cuando un capo habla mal de uno de sus adversarios políticos, hay que creerle.

Y cuarto, el amago. La amenaza. A unas 500 horas de que su vida de un giro definitivo, García Luna desliza la posibilidad de que, si lo arrinconan, hablará sobre políticos actuales, pero sin novedades que hagan temblar al país. No lo escribe pero se entiende: se le han acabado las cartas para jugar y el juez Brian Cogan tiene los ases en la mano.

Limitado, derrotado, desesperado y amenazante. Es lo que García Luna deja ver en su carta, pero espera que nadie se de cuenta.

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Era una inspección de rutina. La de un día cualquiera para la Guardia Nacional y sus binomios caninos en Culiacán, Sinaloa. Nada excepcional en un lugar aparentemente lejano de las bravas sindicaturas como Jesús María, donde es latente el riesgo de toparse con los negocios del crimen organizado.

Sucedió horas después del otro jueves negro en la ciudad, cuando circuló el falso rumor de que el “chapito” Iván Archivaldo había sido detenido. La orden del día de la Guardia Nacional incluía un trabajo rutinario que diera la sensación de normalidad a los uniformados: inspeccionar una empresa de mensajería de movimiento pausado. Pero la jornada, que se antojaba aburrida, terminó por descubrir una ruta narcótica que toca dos continentes.

Los reportes de la Guardia Nacional establecen que, previa autorización de los dueños de aquella empresa, los perros especializados en olfatear narcóticos entraron al local de nombre reservado. Ahí olisquearon los paquetes acumulados que serían enviados al extranjero. Y una caja de cartón llamó la atención de un binomio canino, un belga malinois de nariz veterana, que marcó la presencia de droga.

Para asegurarse, los uniformados pidieron la presencia de otro agente perruno, el que determinaría si estaba frente a un falso positivo o un real cargamento de droga. El movimiento de la cola confirmó que dentro de la caja de cartón había algo ilegal.

Al abrirla, los guardias encontraron una bola de boliche color negro. Sus bordes lucían irregulares. Como si la hubieran partido en dos y luego unido con poca destreza. Por esa línea mal soldada, la esfera se abrió después de unos mazazos y reveló el contenido: metanfetamina. Un segundo descubrimiento fue más importante que el primero: el destino de la falsa bola de boliche era Nueva Delhi, la capital de la India, a más de 14 mil kilómetros de Culiacán, el bastión de Los Chapitos.

El punto de llegada confirmó en México lo que el Buró de Control de Narcóticos en la India conoce bien: los cárteles mexicanos, principalmente el de Sinaloa y luego el Jalisco Nueva Generación, operan a sus anchas en la tierra de Mahatma Ghandi.

En 2021, en un informe de riesgos nacionales elaborado por la agencia antidrogas DEA, quedó asentada que esa ruta preocupaba a Estados Unidos. En el texto se puede leer: “que el involucramiento de los grupos criminales mexicanos en la producción de metanfetamina es a través de laboratorios de escala industrial, principalmente, en China y la India”.

Esa angustia tiene sus inicios en la pandemia, cuando el coronavirus aisló a China y congeló los envíos de precursores químicos para hacer drogas sintéticas en México. Los cárteles necesitaban nuevos proveedores, y pensando que el confinamiento duraría sólo unas semanas y únicamente en territorio chino, las mafias de la India se postularon para suministrar esos pedidos.

Los nuevos socios de los mexicanos en el sur del Asia tenían varias ventajas: una industria farmacéutica de gran desarrollo, pero poca vigilancia gubernamental. Instituciones débiles, policías corruptas y puertos conectados con todo el mundo cuyo intenso ritmo diario impide que todos los cargamentos sean revisados con detenimiento.

Además, las pandillas locales en Nueva Delhi, como los Gogi o Tillu, ofrecieron precios bajos a los narcotraficantes mexicanos con precursores químicos tan puros como los de China. Y aunque el mundo regresó a la nueva normalidad, y las mafias chinas volvieron a abastecer a los cárteles, la ruta México-India no volvería a estrecharse.

Los ejemplos sobran. Por ejemplo, el caso del doctor Mohammad Sadiq, quien de día era un honorable químico egresado de la Universidad Devi Ahilya trabajando para una farmacéutica, pero de noche robaba ingredientes crudos de su trabajo para enviarlos al Cártel de Sinaloa. O, por ejemplo, el caso de la explosión en abril de este año de una casa en el norte de Nueva Delhi que dejó dos personas muertas y que, luego sabrían autoridades indias, era en realidad una cocina de metanfetaminas dirigida por mexicanos.

Es un derrotero fácil de explicar. El capitalismo voraz. Los mexicanos quieren precursores químicos y los de la India se los dan; a cambio, los de la India reciben metanfetamina cocinada con la receta envidiable de los mexicanos, los mejores en el mundo para hacer ese narcótico adictivo y doloroso.

Ellos ganan, nosotros perdemos, porque con ese millonario negocio se financia la larga guerra que no termina.

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En el barrio de Mallorca, en Antioquia, Colombia, la abogada Miryam Rocío Vélez Pérez había encontrado su lugar seguro en el mundo. No era fácil hallar un espacio de paz en esos tiempos. En la década de los 90, ser jueza y vivir en Medellín, una ciudad asediada por el narcotráfico representado por Pablo Escobar, era una profesión de muerte.

Entre otras medidas, su nombre real no sería revelado en ningún documento oficial. Tampoco su fotografía. Incluso en los interrogatorios contra acusados, su rostro estaría oculto. Ni siquiera se conocería su rúbrica, sino que signarían los documentos legales con una firma electrónica. Una especie de fantasmas en el Poder Judicial.

Por eso, la jueza Miryam Rocío se sentía a salvo. Acaso, lo que revelaba la importancia de su trabajo eran sus escoltas, pero sus vecinos en el barrio de Mallorca no pensaban gran cosa de esa señora de aspecto afable, sólo que seguro era una abogada exitosa.

Pero el lugar seguro explotó el 18 de septiembre de 1992. Cuatro sicarios burlaron la seguridad de la “jueza sin rostro” y ubicaron su nombre, cara, domicilio y vehículo. Alguien dentro del gobierno les vendió esa información secreta. Y esperaron a que saliera de su casa, a las 7:55 de la mañana, para atacarla con armas semiautomáticas. Mataron a los escoltas y a ella la remataron dentro del vehículo frente a su hijo que gritaba “¡No maten a mi mamá!”.

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