Cuando el sol del 4 de noviembre despuntó sobre la comunidad de Tres Palos, en el puerto de Acapulco, los vecinos notaron una columna de humo que se elevaba desde la calle Vicente González. El temor era que se tratara de un incendio originado en la Escuela Secundaria Técnica 93, pero lo que sabrían en las horas siguientes les mostraría un panorama inesperado, pero igual de aterrador.

En un estado como Guerrero, donde entre 7 y 10 grupos criminales se disputan el estado y otros 13 brazos armados se pelean lo que queda de Acapulco tras el paso devastador de los huracanes Otis y Jhon, hasta las escuelas son susceptibles de ser víctimas del fuego extorsionador del crimen organizado, que cobra cuotas por cada alumno.

Por la hora, los acapulqueños imaginaron que una jauría de sicarios habrían atacado a la hora de entrada de los estudiantes. O que un improbable cortocircuito hubiera encendido el plantel antes de la primera hora de clases. De inmediato, sonaron los teléfonos en el centro de atención telefónica del número de emergencia 911.

Los reportes oficiales cuentan que los primeros respondientes fueron los bomberos y personal de Protección Civil. Ellos dieron cuenta que la escuela estaba intacta; el hollín que se elevaba por las copas de los árboles salía de dos vehículos en el interior de un domicilio, cuyos habitantes eran bien conocidos por la comunidad de Tres Palos.

Cuando el incendio fue controlado, los bomberos entraron al domicilio y encontraron una escena de horror. Sin ser alcanzados por el fuego, sobre un piso de tierra, yacían apilados los cadáveres de tres mujeres —Elia, Adolfina y Adriana— y dos hombres —Rigoberto y Mauro. Dylan agonizaba con un tiro en la espalda y de camino al hospital falleció de un choque hipovolémico. El saldo final fue de seis asesinados, entre ellos un menor de edad. Y dos sobrevivientes: una niña de 11 años y un joven de 20.

Cuando la Guardia Nacional arribó a la escena del crimen encontró la firma de la maña: más de 25 casquillos con armas calibre 9 y .223 milímetros. Y una explicación: los pistoleros habían incendiado, en un principio, la recámara principal de la casa, pero el techo de plástico se derritió rápidamente y cayó sobre los dos vehículos. Querían también destruir la vivienda. Arrasar con todo.

Los nombres de las víctimas fueron rápidamente conocidos por las autoridades porque se trataba de una familia querida por muchos en Tres Palos, Acapulco: un clan modesto de empresarios restauranteros en la playa Princess conocidos por la venta de cocos.

Un comerciante, de esos pocos que resisten el embate del cambio climático y el crimen organizado en el puerto turístico guerrerense, contó a MVS Noticias que recientemente dos escisiones de los Beltrán Leyva se sacudieron el lodo, salieron de los escombros y reaparecieron en la playa Princess, una de las zonas que más rápido se ha recuperado de la devastación y que atiende a los pocos turistas que llegan a la costa gracias a las extraordinarias inversiones de los empresarios más ricos del puerto y que no han huido.

Ahí, a dueños de negocios de todos tamaños, micro, pequeños y medianos, les anunciaron que se reactivaría el cobro de piso. Que los cárteles y brazos armados también necesitan dinero para pelear sus propias guerras internas y externas. Y que la tregua por el paso de los huracanes había terminado. Empezaría la cobranza con tres opciones: pagar sin chistar, cerrar el negocio o morir entre balas y fuego.

¿La familia de la calle Vicente González en Tres Palos se negó a pagar? Las primeras investigaciones apuntan hacia esa hipótesis. Lo cierto es que su matanza anuncia la temporada de pago de derecho de piso hacia el fin de año. Un invierno duro para Acapulco, después de que las expectativas por el Día de Muertos quedaron cortas y la industria turística reportó pérdidas por 300 millones de pesos.

Un dato ofrecido a este reportero es estremecedor: el crimen organizado en Acapulco ya ha comenzado a exigir para ellos el pago del aguinaldo que corresponde a los trabajadores, quienes seguramente ya han hecho planes sobre qué hacer con ese bono decembrino, su esperanza de sobrevivir al fin de año y las deudas de la cuesta de enero.

Si los aguinaldos de los acapulqueños no van a los bolsillo del crimen organizado de Guerrero, la amenaza es clara: habrá más matanzas como la de Tres Palos.

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Todo empezó en una pista de baile: Cinco cabezas rodantes en una cantina en Uruapan-Michoacán, marcaron el inicio de la guerra contra el narco (2005).

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En el segundo piso de la casona 110 en la calle Monte Tauro, en la lujosa colonia Lomas de Chapultepec, el presidente electo Enrique Peña Nieto recibió a su futuro secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con un importante documento bajo el brazo.

Faltaban dos meses para la toma de protesta y el exgobernador de Hidalgo presentaba, por primera vez, el documento final de lo que sería la estrategia de seguridad para el sexenio 2012-2018.

El documento era un legajo de lugares comunes, diagnósticos fáciles y estadísticas frías que se habían elaborado con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la entonces Procuraduría General de la República y la Policía Federal. Pero casi al final estaba lo realmente importante: un registro. Una lista negra.

Se trataba de 122 nombres con apellidos, edades, lugares de nacimiento, estaturas, así como la organización criminal a la que pertenecen y, en algunos casos, una fotografía… la más actual posible. En lo alto de la hoja estaba escrito, con negritas, “objetivos prioritarios”. La mayoría eran de Los Zetas, seguidos del Cártel de Sinaloa y luego el Cártel del Poniente.

La estrategia de seguridad del sexenio, resumió Osorio Chong, se basaba en detener o abatir a esos 122 delincuentes y generadores de violencia. Cayendo ellos, pensaban, caerían todos los demás y el país saldría de la pesadilla a la que se metió seis años atrás, cuando el expresidente Felipe Calderón declaró la mal llamada “guerra contra el narco”.

En esta lista negra estaba, por ejemplo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, libre por aquellos años. También los hermanos Treviño Morales, Miguel Ángel y Omar, fundadores de Los Zetas; “El Kike” Plancarte, líder de Los Caballeros Templarios; e Ismael “El Mayo” Zambada, por mencionar algunos de los nombres más reconocidos.

Seis años más tarde, la aún PGR publicó su último informe del sexenio priista. De esos 122, 109 habían sido capturados o asesinados en enfrentamientos con fuerzas federales. Sólo 13 habían sobrevivido a la estrategia, es decir, el 10%. Un aparente éxito.

Pero a pesar de que la lista negra estaba tachada casi en su totalidad, el país estaba peor que nunca: el presidente saliente Enrique Peña Nieto recibió un México con 25 mil 967 homicidios en un año y lo entregaba al presidente entrante Andrés Manuel López Obrador con 36 mil 685 asesinatos anuales. Un incremento de 41% de ejecutados.

Retomo esa historia porque este martes 8 de octubre, el nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó en la conferencia matutina en Palacio Nacional la estrategia de seguridad para el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario Harfuch, quien como comisionado de la Agencia de Investigación Criminal ejecutó la estrategia del peñanietismo, ofreció una versión reeditada y ampliada de ese viejo plan. Durante su presentación, en el apartado de Atención a Delitos de Alto Impacto, ofreció que en su gestión se identificarán los liderazgos criminales de primer, segundo y tercer nivel en las empresas delictivas. Es decir, vuelve la cacería contra los objetivos prioritarios, pero ya no serán sólo 122, sino acaso cientos que van desde el gran capo hasta el jefe de plaza.

Para lograr frenarlos, el “superpolicía” ensayará con tres componentes nuevos. El primero es una Guardia Nacional ya convertida formalmente en una comandancia de proximidad bajo la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional; el segundo, una recién creada Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial que promete contar con la tecnología de última generación para ubicar a esos objetivos prioritarios.

Y tercero, el despliegue de unidades especiales para ejecutar cateos y cumplir órdenes de aprehensión en zonas de difícil acceso que están controladas por el crimen organizado. Eso detonará procesos penales en contra de los objetivos prioritarios y algunos podrían terminar en extradiciones exprés hacia Estados Unidos, de acuerdo con el plan.

En un símil de lo que sucede en cada presidencia estadounidense, el secretario Harfuch tiene los primeros 100 días del nuevo gobierno para probar que su enfoque es el correcto. Especialmente, se juega el reto de que el regreso de los objetivos prioritarios, esta vez, por fin, de buenos resultados.

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La nueva presidenta de México Claudia Sheinbuam arriba al poder en tiempos interesantes para México. Bajo su mandato “la guerra contra el narcotráfico” declarada en diciembre de 2006 se convertirá este fin de año en mayor de edad, al cumplir 18 años.

México ya no es país de algunos cárteles, sino de más de 200 brazos armados. Algunos de ellos son los más ricos del mundo con un poder de fuego similar al que tienen ejércitos de naciones pequeñas. Son millonarios, salvajes y con más base social que el propio gobierno mexicano. Empresas criminales transnacionales que convierte a sus líderes ya no es capos, sino en CEOS de la delincuencia a nivel global.

Ante esto, Nación Criminal adelanta los 7 temas, en materia de crimen organizado, que marcarán el sexenio del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Los 7 indicadores que serán decisivos para que, dentro de seis años, midamos si la nueva administración federal triunfó en su estrategia. Las 7 plagas que habrá de aplacar la doctora Claudia Sheinbaum.

Primera plaga: la cúpula militar la llama “Los terribles 5”. No son personas, sino estados. Entidades que deben pacificarse en los primeros 100 días del nuevo gobierno para mandar un mensaje de estabilidad. En orden de prioridad están Sinaloa, en medio de la guerra entre Chapitos y Mayiza; luego, Guanajuato y su disputa por el combustible robado.

Sigue Chiapas y el jugoso negocio del tráfico de migrantes indocumentados; va Zacatecas y su tendencia malsana al asesinato de policías y militares; finalmente, Guerrero y la difícil tarea de aplacar la violencia en un Acapulco devastado por la corrupción y huracanes.

El siguiente plaga es la extorsión. El freno que no deja despegar a México. Los cálculos más conservadores aseguran que al país este delito le cuesta anualmente unos 226 mil millones de pesos. Implacable con pequeños negocios, también pone de rodillas a las grandes empresas.

Si la presidenta Claudia Sheinbaum quiere quitarle el freno de mano al país, hay que quitar de conductores a los miles de cobradores de derecho de piso. Los limoneros de Michoacán serán el ensayo de una eventual estrategia nacional.

El reclutamiento forzado es la tercera plaga. No sólo el que se hace usando la fuerza, es decir, secuestrando y desapareciendo personas, sino el que hace haciéndole pensar a un menor de edad que se está integrando al crimen organizado por voluntad propia.

¿Por qué no se acaba el crimen organizado, si todos los días en redes sociales leemos y vemos que decenas son asesinados en enfrentamientos? Porque muere o detienen a uno, y la maquinaria del horror es rápida reemplazar con tres o cuatro. Si frenamos el reclutamiento forzado, los brazos armados están destinados a desaparecer en menos de seis años.

La cuarta plaga está en las prisiones. Por demasiado tiempo el gobierno mexicano se ha olvidado de las cárceles. Invertir en ellas es tremendamente impopular. Los votantes castigan que se otorgue un peso a un reclusorio en lugar de una escuela. Pero esa visión cortoplacista ha tenido sus consecuencias: desde las cárceles se siguen manejando los hilos del crimen organizado. El siguiente gobierno necesita una operación triple: eliminar el autogobierno, reclasificar internos y acelerar extradiciones de generadores de violencia.

Quinte plaga: nuevos mercados negros. Los analgésicos potentes elaborados con fentanilo, los vapeadores y productos elaborados con marihuana, por mencionar algunos, que bien podrían estar regulados por agencias sanitarias, pero que en lugar de eso se quieren prohibir por decreto, generando mercados dominados por el crimen organizado, que use esas ganancias millonarias que recibe por debajo de la mesa para financiar sus armas, balas y sobornos para seguir en guerra.

Sexta plaga: el Cártel Nueva Plaza. Son los rebeldes del “Mencho” y la escisión más grande y peligrosa del Cártel Jalisco Nueva Generación. Unos pistoleros con sed de venganza que en los últimos meses han ganado poder y territorio. Hoy no son muy mencionados y caminan sin prender el radar de policías estatales y ciudadanos, pero su inevitable crecimiento pondrán a prueba a los aparatos de inteligencia criminal en México.

Y séptima y última plaga. La más peligrosa de todas: que, en seis años, nos acostumbremos tanto a esta violencia, que no nos conmueva el dolor ajeno.

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El Cártel Jalisco Nueva Generación no sólo es una agrupación dedicada a traficar drogas, migrantes y armas, los tres mercados ilícitos más lucrativos del mundo. Es también una máquina bien aceitada y diseñada para ganar elecciones con el objetivo de incrementar el poder de su dirigente Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

En entrevista exclusiva con el periodista Chris Dalby, Nación Criminal indagó en sus hallazgos durante la investigación que dio pie a su nuevo libro “CJNG: El cartel más peligroso de México”. Su relato sobre cómo y por qué el Cártel Jalisco Nueva Generación gana elecciones es estremecedor.

¿Por qué? El periodista asegura que el Cártel Jalisco aborda cada nueva elección como una nueva forma de reestablecer su control, hasta en municipios donde este control no está amenazado. Es decir, incluso donde nadie les disputa la plaza, la gente que responde al mando del “Mencho” usa una violencia extrema que es innecesaria, pero que les sirve para mandar el mensaje de plata o plomo.

Y lo hacen con un objetivo en la mente de cada jefe de plaza: que cualquier alcalde que gane, le deje ver a los líderes del grupo criminal los detalles económicos de cada municipio, con el objetivo de que el cártel sepa exactamente cómo sacarle el mejor provecho, un nivel de detalle que no hace ninguna otra agrupación delictiva en México.

Insisto: el periodista Chris Dalby encontró y publicó en su nuevo libro “CJNG: El cartel más peligroso de México” que esta agrupación criminal financia campañas políticas con el objetivo primario de desnudar a los municipios y ver todo lo que pueden obtener económicamente doblándolos, pero no quebrándolos. Llevando siempre a los habitantes de un municipio al extremo de la tolerancia de la extorsión.

El Cártel Jalisco coloca alcaldes en sus territorios para que éstos les abran todos los indicadores económicos. Y que el jefe de plaza local sepa exactamente qué negocios hacer. Por acá, el control del rastro municipal; más allá, el de los mercados y tianguis.

De este lado, se puede obligar a los empresarios locales a hacer empresas fantasmas; de este otro lado, explotar las riquezas naturales del pueblo. Cada vez que financian una campaña, y la candidatura triunfa, tienen un libro abierto sobre cómo ganar dinero con el territorio, incluso aunque sea muy pobre. La ventaja empresarial que nadie más tiene.

Este esquema, asegura Chris Dalby, es algo nunca antes visto en el mundo criminal. Un modelo criminal que cada vez más grupos han aprendido.

Bienvenidos a la era del Cártel Jalisco como instituto criminal.

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Son 14 párrafos escritos a mano. Más una post data. Cuatro cuartillas en total. Fechadas el 13 de septiembre y garabateadas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. El redactor es Genaro García Luna, quien entrega las hojas a su defensa, que las escanea con prisa y las reparte a periodistas que han cubierto en Estados Unidos el juicio del exsecretario de Seguridad Pública federal. Faltan 21 días para que el juez Brian Cogan dicte sentencia y el “arquitecto” de la “guerra contra el narco” tiene algo que decir.

Lo evidente está escrito con su puño: García Luna asegura que, a partir de su arresto en diciembre de 2019 en Texas, los agentes de la DEA ofrecieron que su tiempo de encierro sería breve, apenas 6 meses, si se convertía en testigo protegido y él se negó; que nadie ha podido probar que haya tenido ingresos ilegales en su patrimonio; que los fiscales lo han juzgado con información falsa provista por el gobierno mexicano; que no existe una sola evidencia en su contra para vincularlo al crimen organizado; que el presidente López Obrador es el que sí tiene nexos sucios el Cártel de Sinaloa.

Que en los 58 meses privado de la libertad ha presenciado homicidios y apuñalamientos y que pasado casi un año en una celda de castigo sin saber las razones; que, según él, su honor está intacto. “Yo no he cometido algún delito”, asegura.

Pero acaso lo más importante de la carta es lo que no está escrito. Lo que se lee entre líneas. Lo que García Luna no quiere que sepas, pero el inconsciente lo traiciona.

Lo primero es lo que los biógrafos del exservidor público de hoy 56 años han señalado con insistencia: García Luna es un hombre intelectualmente limitado, que llegó a la cúspide del poder no por su astucia, sino por su capacidad para moverse por el fango y entablar sucias relaciones a cambio de que sus jefes mantuvieran las manos limpias.

La carta está repleta de faltas de ortografía, tildes que faltan o colocadas donde no van, comas mal puestas y una redacción que haría llorar a una maestra de secundaria. El dato no es menor, si se atiende que García Luna tuvo por seis años el grado de Secretario de Estado y es incapaz de poner mayúsculas correctamente, acentuar la palabra narcotráfico o escribir moción con c, no con s. Sus limitaciones confirman la gris personalidad y el vertiginoso ascenso de detective segundón contra robo en carreteras a superpolicía.

Lo segundo es lo que los especialistas en derecho anglosajón han adelantado: García Luna sabe, desde ahora, que será declarado culpable este 9 de octubre y que su castigo será una muy probable cadena perpetua, incluso en una cárcel más dura que el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Por eso, en la última hoja, la exmano derecha del expresidente Felipe Calderón asegura que cualquier sentencia emitida por un juez debe ser revisada por un tribunal colegiado a través del recurso jurídico de apelación. No explica porqué hace esa acotación, pero va implicito el reconocimiento de la derrota: cuando el mazo judicial caiga, su última oportunidad para volver a ser un hombre libre será la apelación, un recurso que estirarán sus abogados, pero que es improbable de ganar.

Lo tercero es la desesperación. La fragilidad de sus argumentos. García Luna sostiene que los testigos en su contra son narcotraficantes con “antecedentes criminales reconocidos” y, por ello, deberían ser descartados. No tienen probidad ni credibilidad, sugiere. Luego, se apoya en supuestas declaraciones de un criminal como Ismael “El Mayo” Zambada para acusar al actual gobierno de México de estar coludido con el crimen organizado. Es decir, cuando un capo habla mal de él, es inverosímil; pero cuando un capo habla mal de uno de sus adversarios políticos, hay que creerle.

Y cuarto, el amago. La amenaza. A unas 500 horas de que su vida de un giro definitivo, García Luna desliza la posibilidad de que, si lo arrinconan, hablará sobre políticos actuales, pero sin novedades que hagan temblar al país. No lo escribe pero se entiende: se le han acabado las cartas para jugar y el juez Brian Cogan tiene los ases en la mano.

Limitado, derrotado, desesperado y amenazante. Es lo que García Luna deja ver en su carta, pero espera que nadie se de cuenta.

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